POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS DEL GOBIERNO ARGENTINO: OBJETIVOS Y PRIORIDADES
Las políticas públicas de derechos humanos hoy en la Argentina están vinculadas tanto al respeto de valores inherentes a la condición humana como al mejoramiento de la calidad institucional. La exclusión social, la corrupción y las prácticas autoritarias llevaron a que instituciones del Estado se percibieran no como garantía de los derechos y libertades fundamentales, sino en ocasiones como una amenaza al orden constitucional, proclamando normativamente en la Carta Magna.
Sería inadmisible equiparar estas situaciones al terrorismo de Estado que practicó una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales a través del aparato organizado del poder. Sin embargo, en democracia existieron y aún persisten violaciones extendidas de derechos y libertades, que responden en buena parte a prácticas heredadas de los gobiernos dictatoriales.
La manera en que se encara la gravísima cuestión de los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, la persistencia de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, aun cuando no fueran masivas ni sistemáticas, bajo distintos gobiernos constitucionales, la tortura y otros malos tratos de personas detenidas en comisarías o establecimientos penitenciarios, o la ineficacia en la prevención y persecución de crímenes graves, permiten medir la magnitud de los problemas.
Por ello el debate actual sobre la lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación, no encara una problemática centrada en una mera revisión del pasado. Aborda cuestiones de importancia capital para el presente y el futuro del país. Está planteada la recuperación de las aspiraciones hacia un Estado gobernado por la ley y no por la arbitrariedad, un Estado capaz de erradicar la impunidad y su cortejo de efectos perversos, de los cuales uno inmediato y no menor es la pérdida de legitimidad de la persecución penal del delito común, en la medida en que continúen impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos a través del aparato del Estado durante la dictadura militar.
Recuperar los fundamentos éticos del Estado. No es otro el sentido del apoyo social a una medida como la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o en el contexto de la lucha contra la impunidad, las expectativas despertadas por la medida más importante, adoptada desde el Informe de la CONADEP y el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares. Me refiero a la anulación parlamentaria de las leyes de amnistía, acompañada de la ratificación y el otorgamiento de jerarquía constitucional a la Convención internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad.
La justificación más importante de los procesos judiciales en estos casos radica en la llamadaprevención general positiva, mediante la cual el Estado reafirma ante la sociedad la jerarquía de los valores supremos agraviados por el crimen de lesa humanidad: el valor de la vida, la libertad, la integridad física, la dignidad humana, sin cuya promoción, respeto y garantía el Estado carece de legitimidad y la sociedad se desarticula.
Las situaciones de impunidad de crímenes atroces abren el camino al conflicto permanente y a una inestabilidad que conspiran contra la ansiada paz y reconciliación nacional. En realidad, la actitud de olvidar y perdonar todo, que podría corresponder a las víctimas que han sufrido atrocidades e injusticias, ha sido adoptada a menudo por aquellos que las practicaron, dijo el filósofo Theodor Adorno en 1965.
La otra gran vertiente de la problemática de los derechos y garantías es su vulneración ante la crisis socioeconómica y la exclusión social. La destructiva década del noventa primero y luego la devaluación no planificada consumaron un desmantelamiento de la protección social, aumentaron la desocupación y la precarización de las relaciones laborales y eyectaron a vastos sectores asalariados hacia la marginalidad. Este proceso por un lado dificulta el ejercicio de los derechos civiles y políticos —un desocupado, un indigente, difícilmente puedan participar y ejercer en plenitud sus derechos políticos y son especialmente vulnerables ante el abuso de poder—. Por otra parte, ese estado de cosas trae aparejado el quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales y los de incidencia colectiva.
Estas realidades requieren mecanismos e instituciones del Estado y de la sociedad civil capaces de ejecutar las tareas de observación activa de las obligaciones de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. A ese fin la Secretaría de Derechos Humanos propicia la creación de redes de Observatorios de Derechos Humanos en distintos lugares de la República Argentina. Consecuentemente con ello, puedo adelantar que el apoyo concreto a una iniciativa tal como la de crear un Observatorio de Derechos Humanos del Mercosur y definir su programa de actividad será examinado con sumo interés y en una perspectiva favorable.
En efecto, en el plan de los derechos humanos en el ámbito internacional la Argentina ha delineado una estrategia con rasgos bien definidos. Esta estrategia está signada por la defensa de valores comunes expresados en los instrumentos de derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano y está unida a la convicción de que los derechos humanos, además de su valor intrínseco, son inseparables de la gobernabilidad democrática y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Así lo expresaron el secretario de Derechos Humanos de la Argentina, Dr. Eduardo Luis Duhalde, y el secretario especial de los Derechos Humanos de la República Federativa de Brasil, ministro Nilmário Miranda, quien hoy nos honra con su presencia, en una declaración conjunta firmada en Buenos Aires el 8 de setiembre de 2003.
En esa oportunidad ambos funcionarios se comprometieron a coordinar acciones bilaterales y a promover la coordinación en los niveles subregional, regional y universal, tendiente al fortalecimiento de los sistemas internacionales y nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.
El día de hoy es una oportunidad propicia para reafirmar que el Gobierno argentino busca reforzar su contribución a la promoción y el respeto de los derechos humanos a través de la cooperación internacional en sus diversas formas, tanto en el ámbito del Mercosur como en otros foros internacionales.
A este respecto consideramos de fundamental importancia el continuo perfeccionamiento y el refuerzo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Deseo destacar también lo significativo del Acuerdo con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, firmado para la elaboración del Plan Nacional contra la Discriminación, en seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Durban.
La adhesión a acuerdos e instrumentos internacionales se complementa con desarrollos legislativos a nivel nacional de suma importancia, uno de los cuales interesa particularmente a esta reunión: la nueva Ley Nacional Migratoria, superadora de la legislación anterior vigente desde la última dictadura, de naturaleza represiva y discriminatoria.
Como lo expresó este año el gobierno argentino ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, desde el Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) la Argentina continuará brindando un espacio de moderación para encontrar los consensos básicos indispensables para la promoción y protección de los derechos humanos en los foros políticos mundiales.
En lo jurídico, la región está en condiciones de contribuir positivamente en diversas instancias internacionales para continuar impulsando el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.
Entre estos avances la elaboración de un instrumento universal vinculante sobre desaparición forzada de personas es esencial para el Gobierno argentino, el que ha comprometido su apoyo a los trabajos del grupo de composición abierta que se ocupa de este tema en las Naciones Unidas.
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